El equipo que dirige José Ángel Alfonso denuncia que “los socialistas no cumplieron las condiciones que exigía la citada subvención, destinada a la contratación de 40 personas para el mantenimiento de los centros sociales de Atención Primaria”
El Gobierno local denuncia que el Ayuntamiento de Molina de Segura tendrá que devolver parte de una subvención que recibió del Gobierno regional debido a la nefasta gestión del PSOE durante la anterior legislatura, ya que los socialistas no cumplieron con las condiciones de esa ayuda. En concreto, el equipo que dirige el alcalde, José Ángel Alfonso, explica que esa partida, por valor de 600.680 euros, iba destinada al mantenimiento de los centros de servicios sociales de Atención Primaria, para el desarrollo de las prestaciones básicas.
“Las bases de la convocatoria para estas ayudas establecían una serie de especificaciones para llevar a cabo que el exalcalde, Eliseo García Cantó, y su equipo socialista no respetaron. Así, una de las exigencias de la Comunidad a la hora de entregar esa subvención era llevar a cabo la contratación de 40 personas”, señala el concejal de Economía, Hacienda y Contratación, Fran Hernández. “El problema es que el exalcalde Eliseo García Cantó no llevó a cabo esas contrataciones en su totalidad. De hecho, hubo varios puestos que no se cubrieron, por lo que los servicios sociales se vieron mermados por la mala planificación del PSOE”.
Hernández recuerda que “la convocatoria de esta ayuda establecía que, si no se contrataba a las citadas personas, el Ayuntamiento se vería en la obligación de devolver parte de los puestos que no se contrataran. Y así ha pasado. Tenemos que girar a la Comunidad 239.000 euros del importe total de la subvención, según las estimaciones realizadas por los técnicos municipales”. En concreto, el edil lamenta que “ese importe a devolver engloba los salarios que tendrían que haberse pagado a cinco trabajadores que no fueron contratados. Faltó un conserje (35.000 euros al año), un trabajador social (39.000 euros al año), una educadora social (39.000 euros anuales), una persona licenciada en Derecho (63.000 euros al año) y un psicólogo (63.000 euros)”.
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