El Gobierno y sus dos aliados, Pedro González y Concepción Orenes, aprueban inicialmente la Ordenanza de Residuos de la Construcción y Demolición, a pesar de que obliga al ciudadano a depositar altas fianzas que deberá reclamar después de 30 días.
El Gobierno volvió a contar con el apoyo de sus dos aliados, Pedro González y Concepción Orenes, para la aprobación inicial de la Ordenanza de Residuos de la Construcción y Demolición durante el pleno de ordinario de mayo. A pesar de que el Grupo Municipal Popular solicitó que se quedara sobre la mesa, puesto que “no aborda esta problemática de una manera global. Hoy deberían presentarnos una ordenanza más integral, ya que desde el momento en el que ésta surge, están reconociendo que en Molina de Segura existe un problema con este tipo de vertidos incontrolados”, aseguró Juana Carrillo durante su defensa del expediente.
La edil Popular hizo hincapié en que “ésta no es la solución, ya que la ordenanza, que ustedes proponen, obliga al ciudadano, además, de a realizar una serie de trámites que no son nada fácil, a depositar fianzas muy superiores a las ya existentes. Realmente nos extraña que con las políticas sociales que ustedes promulgan, a la primera de cambio impongan fianzas al alza”.
Carrillo también recriminó al Gobierno que “en estos 14 meses no hayan adoptado ninguna medida al respecto para evitar los vertidos incontrolados, cuando en la oposición proponían numerosas para que el PP las pusieran en marcha. Señores del Gobierno, convertir el Ecoparque en una escombrera municipal no es la solución; trasladar el problema de dónde depositar los escombros a los vecinos haciendo que estos tengan que buscar un gestor previo pago, tampoco; y por descontado, que los molinenses tengan que depositar altas fianzas cuando antes no tenían que hacerlo, mucho menos. Sean responsables y gestionen de manera eficaz los recursos municipales, no se conviertan ustedes en meros recaudadores”.
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